Estado de emergencia

Es de todos sabido que en las manifestaciones, siempre que haya un incidente de violencia, por muy minoritario y aislado que éste sea, los medios de comunicación –hasta los más progresistas- no se abstendrán de publicar las fotos del altercado. Si no hay imágenes impactantes, el valor informativo de la manifestación es nulo. (Una afluencia masiva o la existencia de eslóganes ingeniosos pueden aportar también valor gráfico a la manifestación, por lo que el nivel de importancia que se le dé a un hecho u otro será lo que marque la posición política que toma el medio.) Una viñeta que ha circulado últimamente por las redes sociales ilustra perfectamente este hecho.

Es también de todos sabido que la policía reiteradamente ha incitado, directa o indirectamente, a que se cometan acciones de violencia en las manifestaciones. Quien sea un asiduo de las protestas de la izquierda, habrá visto –en persona o en fotografía- a policías infiltrados entre la gente que participa en los disturbios, lo que se descubre cuando esa misma persona vestida con un palestino u otro atuendo que lo confunda con los agitadores aparece arrestando a otra persona que ha participado en los mismos altercados que él ha instigado. A veces, la policía hace la vista gorda para que los violentos actúen, para a continuación arremeter contra ellos. El objetivo de la policía es doble: primero, criminalizar al movimiento; segundo, desviar la atención. El principal objetivo de la prensa es captar una imagen espectacular e impactante que capte la atención de su audiencia. La función –a veces colateral, a veces perseguida- coincide con la de la policía. Estas imágenes desvían, irremediablemente, la atención de los objetivos de la protesta. En la mayoría de los casos, también sirven para criminalizar a un movimiento.

Esto se prueba en cómo este discurso difundido por los medios afecta inconscientemente a la mentalidad de las personas que participaron en dicha protesta. Aquellos que han tomado parte en una manifestación en la que ha habido algún tipo de acción violenta parecen obligados a justificar su participación, alegando que no han tenido nada que ver con los actos violentos. En algunos casos cuando las razones para participar en las movilizaciones –me refiero ya directamente a la huelga general del 29-M- están tan claramente motivadas. Y es que cuando sucede un acto de violencia en una protesta, a todo aquél que sea parte de la manifestación se le va a reprimir, bien sea mentalmente, bien sea físicamente. La policía –y en estos los Mossos d’Esquadra se llevan la palma- encuentra su excusa para desplegar la fuerza: balas de goma, gases lacrimógenos, patadas… Angelo Cilia, que ha perdido la visión de un ojo por el impacto de una bala de goma lanzada por los Mossos d’Esquadra en la manifestación del 29-M en Barcelona, defiende no haber participado en los actos violentos. Es decir, tiene que justificar no haber participado en tales actos. Como si la censurable (en mi opinión más por razones tácticas que éticas) actuación de romper un escaparate o quemar un contenedor mereciese ser castigada con la pérdida de un ojo. Siete personas han perdido la visión de un ojo por culpa de las balas de goma en Catalunya en los últimos cuatro años. ¿No se trata de un coste demasiado alto?

Lo más grave es que este fenómeno ha alcanzado a la Justicia. (De hecho, gracias a la Reforma Laboral la criminalización del derecho a huelga puede ser convertida en ley.) Daniel Ayyash e Ismael Benito fueron detenidos cuando formaban parte del piquete informativo que estudiantes y profesorado llevaron a cabo en la Diagonal de Barcelona el 29-M por la mañana. Dani e Isma fueron arrestados a las 10.30, cuando se quedaron rezagados del grupo. No participaron en ningún acto violento (como ven, yo también tengo que justificarlo). Sin embargo, fueron arrestados junto a otras treinta personas y llevados a la comisaría de Les Corts. La mayoría de los arrestados, como procede en estos casos, fueron puestos en libertad después de declarar. Sin embargo, se dictó prisión preventiva provisional y sin fianza sobre Isma y Dani y se les trasladó a la prisión de Quatre Camins. Esta condena sólo se impone sobre aquellos que puedan reiterar en hechos delictivos o donde haya riesgo de fuga. Dani e Isma no pueden ser reincidentes cuando no tienen antecedentes penales. Son estudiantes, uno, de Física y, otro, de la doble titulación de Física y Matemáticas, con buen expediente académico, miembros de la Associació d’Estudiants Progressistes y participan activamente en la vida democrática y cultural de la Universitat de Barcelona. Son acusados de haber participado en las acciones violentas que ocurrieron en la tarde del 29-M, cuando ellos llevaban ya horas arrestados. Se alega además que puedan cometer actos vandálicos en las protestas del 1 de mayo, en la cumbre del Banco Central Europeo y en el derbi Barça-Espanyol. Por coherencia ideológica y principios, Dani e Isma participarán seguro en las protestas del 1 de mayo y contra la cumbre del BCE, con una actitud crítica y no violenta, como siempre han hecho. Meterlos es el mismo saco que los que participan en los enfrentamientos de los hinchas del fútbol me parece un insulto. Además es inaceptable, además de ilegal, que se prive de libertad a alguien por acciones que puedan cometer en un futuro. Lo que es más, no sólo no se ha respetado su presunción de inocencia, sino que se les ha metido en prisión sin juicio previo. Se trata, por tanto, de una detención política. En un comunicado de varias asociaciones de abogados y por los derechos humanos, se declara que una sentencia como ésta puede comportar “la criminalización preventiva de la protesta ciudadana y la desnaturalización de derechos fundamentales para la existencia de una sociedad democrática.”
Pero volvamos a las imágenes de los actos violentos. Con estas imágenes en las manos, tanto el Consejero de Interior de la Generalitat de Catalunya, Felip Puig, como sus medios afines, pueden pedir que se endurezca la ley contra aquellos que ejercen la violencia. Los medios de comunicación pueden empezar debates con los que contextualizar dichas imágenes, argumentando que quizá se deba a una mezcla entre la impunidad que tienen y a un afán de diversión (esto ya está sucediendo en La Vanguardia). Ante tal ataque, se puede responder con fotos que muestran la violencia de la policía: una persona con un ojo ensangrentando (del que va a perder la visión), junto a la expresión de terrible desconsuelo de su pareja; o de un minusválido en silla de ruedas que es arrestado en la concentración de apoyo a los detenidos del 29-M. Estas imágenes pueden circular en las redes sociales y contradecir el “discurso oficial” que se está alentando en muchos medios. Sin embargo, no pueden funcionar de una manera política, que levante una reflexión más allá de la indignación y el conocimiento de algo que está pasando. Para ello, haría falta un pie de foto, un comentario bajo la imagen. Ése es el caso de otra foto que circuló por Facebook, en la que aparecían Rajoy y Montoro y un comentario que decía: Los violentos quemando tus derechos a cara descubierta. Después, está El Roto.

Ante la situación tan grave que se está viviendo en el país, con la reducción de derechos, con los severos recortes que están golpeando a la población y con la privación de libertades básicas, debemos responder. Se están llevando a cabo medidas que se justifican tan sólo desde un estado de excepción. Nosotros nos tenemos que dar cuenta de que vivimos en un estado de emergencia (llevamos tiempo viviendo en un estado de emergencia) y que tenemos que actuar ya.